Euskal Herria. 30/04/03.- La operación desatada en la madrugada de ayer contra Udalbiltza, firmada por el juez Baltasar Garzón y «explicada» por el Gobierno del Estado, que se saldó con el registro y clausura de las oficinas que la institución nacional tiene en Bilbo, Gasteiz, Astigarraga e Iruñea, y la detención de ocho ciudadanos vascos, es una demostración en la práctica de lo que el Estado español considera delito en Euskal Herria. El simple hecho de actuar judicial y policialmente contra una institución de electos, que desarrolla una actividad pública ampliamente reconocida en distintos ámbitos de la sociedad vasca, es suficientemente significativo. Más aún si, a la luz de las acusaciones vertidas por el ministro de Interior Angel Acebes, se hace un repaso de las actuaciones y posicionamientos de la asamblea de ayuntamientos y electos vascos de Euskal Herria desde su mismo nacimiento hasta esta andanada, realizada, una vez más, con nocturnidad, aparato policial y escándalo.

Siguiendo su propio hilo argumental, en el Estado español es delito la Carta de Derechos de Euskal Herria, en la que Udalbiltza manifestaba su voluntad de construir Euskal Herria «como un espacio de convivencia en el que, desde su condición de vascos, hombres y mujeres libres participen de la construcción de un pueblo y un mundo regidos por la igualdad, la libertad, la paz y la solidaridad»; reivindicaba el derecho de Euskal Herria «a existir como pueblo, a que se reconozca su condición de sujeto de derechos que como tal le corresponde y a que se respete su territorialidad»; o que «Euskal Herria tiene derecho a vivir en paz y seguridad, a decidir en libertad». En el Estado español es delito elaborar un documento que permita el reconocimiento de la ciudadanía vasca a quienes así lo reclamen, en base al derecho universal a elegir la propia nacionalidad. Y para el Estado español es delito apoyar iniciativas en favor del euskara, para el desarrollo económico y social de Zuberoa, en apoyo a la reivindicación de selecciones deportivas vascas o para la promoción de medios de comunicación elaborados en y para Euskal Herria.

Estas son las señas de identidad de la labor real, pública y además reconocida por todos los agentes sociales que gracias a ella han podido llevar adelante sus proyectos, que ha desarrollado Udalbiltza desde que el 18 de setiembre de 1999 quedara constituida con la participación de 1.778 electos vascos. Y éstos son los gravísimos delitos por los que Acebes considera que la de ayer es «la más importante operación antiterrorista» llevada a cabo en los últimos tiempos por los poderes del Estado español. En definitiva, éstos son los graves límites que el Estado español impone a la democracia, los derechos y las libertades en Euskal Herria.

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