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El Artículo 155
Alizia Stürtze, publicado en GARA el 18 de septiembre de 2000

Aznar y Mayor Oreja lo han repetido hasta la saciedad: piensan luchar a muerte contra el «terrorismo» pero siempre (¿alguien lo puso en duda?) dentro de la legalidad democrática y del Estado de derecho. Desgraciadamente para los que por democracia entendemos poder del pueblo, esa legalidad y ese Estado de derecho que a través de los medios nos venden como si de las tablas de Moisés se tratara, no son, como dice Karlo Ravelli, sino una cobertura normativa que encubre la existencia de un poder fáctico, el poder del capital, antidemocrático por naturaleza, que es quien realmente mueve los hilos del sistema, endureciendo (fascistizando) sus propias leyes y su aplicación siempre que el pueblo logra materializar su potencial y poner en peligro su dictadura camuflada.

Pero es que, además, en nuestro caso, este antidemocratismo esencial de la democracia burguesa, que utiliza y moldea a su antojo el régimen parlamentario y el Estado de derecho para «regular» (y estrangular) la representatividad real de la voluntad popular, se ve agravado y lastrado por la nula tradición democrática del Estado español, que traslucen tanto la burda uniformidad de pensamiento mediático, convertido en fiel eco del Ministerio de Interior, como la manipulación descarada de sus propias leyes, interpretadas y «adaptadas» a conveniencia (caso de la Ley Penal del Menor o de ese cajón de sastre de los «conglomerados» ETA-Egin, ETA- Ekin...) cuando se trata de aplastar a un movimiento en auge, como el de la izquierda abertzale, cuyos objetivos políticos, esencialmente democráticos, no pueden tolerar los intereses de clase de la burguesía española.

El sabotaje implacable, desde todas las instancias del Estado, de las posibilidades democráticas abiertas por la tregua de ETA ha dejado al descubierto el militarista talante neofranquista del régimen de Madrid. Tras años de repetirnos que, sin violencia de ETA, todo era «democráticamente» posible (incluida la autodeterminación), el alto el fuego ha demostrado justamente lo contrario: el Estado español va a combatir, con cualquier medio (medidas excepcionales incluidas), cualquier veleidad autonómica que, por democrática que sea, «ponga en peligro la unidad de España». Por lo que se ve, para eso tienen, además de los estados de excepción y los golpes militares a los que tan afectos han sido a lo largo de su historia, el recurso al Artículo 155 de esa Constitución que Euskal Herria jamás aprobó; artículo que, según Jorge de Esteban, permite a Madrid, entre otras «democráticas medidas», disolver el Parlamento vasco y convocar elecciones o poner a la Ertzaintza bajo el mando del Ministerio del Interior; todo ello, cómo no, «dentro del Estado de Derecho».

Haider cuida más las formas, porque es que así hasta Hitler es demócrata de pedigrí.

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